La Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros (ACIT), presidida por Dácil Barreto, ha expresado su preocupación tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la Ley del Tabaco. La organización advierte de que, si la normativa sale adelante en los términos actualmente planteados, podría tener consecuencias negativas para el empleo, la inversión y las exportaciones en Canarias.
Según ha señalado la asociación, el sector tabaquero está considerado estratégico para la economía canaria y mantiene un peso relevante dentro de la actividad industrial del Archipiélago. ACIT recuerda que la industria genera más de 6.000 empleos y representa aproximadamente el 14 % del PIB industrial de Canarias.
Ante esta situación, la patronal ha reclamado que el proceso legislativo incorpore el máximo rigor institucional y que se abra un espacio de diálogo con los sectores afectados para valorar la proporcionalidad, eficacia y alcance real de las medidas planteadas.
ACIT ha recordado que el texto aprobado inicia ahora un recorrido parlamentario en el que todavía deberán realizarse consultas, informes y debates antes de su aprobación definitiva. Por ello, la organización considera imprescindible que durante esta fase se lleve a cabo una evaluación detallada del impacto económico, industrial y social que la futura normativa podría tener en las islas.
La asociación insiste en que Canarias presenta unas características productivas singulares que requieren un análisis específico. En este sentido, sostiene que cualquier reforma de esta envergadura debe tener en cuenta las particularidades de la economía regional y las consecuencias que podría generar sobre la competitividad de las empresas y el mantenimiento del empleo.
Otro de los aspectos destacados por ACIT es la necesidad de que el debate se apoye en criterios técnicos y en evidencia científica. La organización también ha mostrado su preocupación por el hecho de que el anteproyecto haya sido aprobado sin recabar el dictamen del Consejo de Estado, un trámite que inicialmente figuraba en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo elaborada por el Ministerio de Sanidad.
Asimismo, la patronal considera conveniente coordinar la futura regulación española con el proceso de revisión del marco normativo sobre productos del tabaco que actualmente está desarrollando la Unión Europea. A su juicio, esta coordinación contribuiría a reforzar la seguridad jurídica y evitaría una sucesión de cambios regulatorios en un corto espacio de tiempo.
Desde el sector se insiste en que la protección de la salud pública y la defensa del tejido industrial no deben entenderse como objetivos incompatibles. La posición trasladada por ACIT apuesta por una regulación equilibrada, sustentada en el análisis previo de sus efectos y en la participación de todos los agentes implicados.
Para empresas como Dos Santos, S.A., el proceso parlamentario representa una oportunidad para que Canarias pueda trasladar su realidad económica e industrial a los responsables de la futura normativa. El objetivo, señalan desde el sector, es que las decisiones regulatorias se adopten con pleno conocimiento de su impacto sobre el empleo, la inversión y la actividad productiva de las islas.
La industria tabaquera forma parte del tejido productivo de Canarias desde hace décadas y contribuye de manera relevante al empleo, la actividad industrial, la inversión y las exportaciones. Por ello, creemos que la singularidad económica del Archipiélago debe estar presente durante la tramitación de la futura Ley del Tabaco, garantizando que las decisiones regulatorias tengan en cuenta la realidad específica de las islas.
